Sede de Monsanto en Enkhuizen (Holanda).El pasado 1 de agosto entró en vigor el decreto firmado por el consejero de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, que prohíbe el uso del glifosato en parques y zonas verdes de la ciudad. El principal argumento sobre el que asentaron la decisión fue la alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales y pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”.
La concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, señaló que debía "primar el cuidado de la salud y del medioambiente respecto a los intereses de las multinacionales, en este caso, Monsanto”. Esa referencia, además de la prohibición en sí, es la que parece haber impelido la reacción inmediata. Monsanto es, según datos de Greenpeace, “la empresa transnacional que controla alrededor de 90 % del mercado mundial de semillas transgénicas”. Y la decisión del Consistorio zaragozana no les ha sentado nada bien.
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